Más de 50 personas físicas y morales aparecen señaladas en las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos ilícitos relacionados con el Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con información publicada por La Jornada. Entre los nombres mencionados figuran familiares directos de la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei, y el contratista Alfredo Hernández Casillas, además de empresas dedicadas a la producción de materiales electorales.
Los señalamientos están integrados en 15 indagatorias que se encuentran en manos de fiscalías especializadas de la FGR. La información fue atribuida a fuentes de la institución, que indicaron que las investigaciones corresponden a posibles delitos relacionados con delincuencia organizada, corrupción y hechos bajo competencia regional.
Denuncias de partidos y órganos fiscalizadores
El Ministerio Público Federal recibió denuncias promovidas por representantes del PRI y el PAN, así como seis denuncias del Órgano Interno de Control del INE. El resto fue presentado por ciudadanas y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el diario.
- 15 investigaciones están bajo responsabilidad de fiscalías especializadas de la FGR.
- Más de 50 personas y empresas aparecen señaladas en las denuncias.
- Entre los denunciantes figuran partidos políticos, el Órgano Interno de Control y la ASF.
Como parte de las diligencias, personal de la FGR realizó revisiones y aseguró documentación e información digital almacenada en equipos de la Torre Zafiro, donde se ubican oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del INE. Las actuaciones comenzaron a las 10:00 horas del miércoles y concluyeron a las 6:00 horas del jueves. También se efectuaron diligencias en la Secretaría General del instituto.
| Elemento | Dato reportado |
|---|---|
| Institución investigadora | Fiscalía General de la República |
| Número de indagatorias | 15 |
| Personas y empresas señaladas | Más de 50 |
| Instalaciones revisadas | Torre Zafiro y Secretaría General del INE |
Las fuentes indicaron que las diligencias realizadas dentro del INE no se basaron en una instrucción ni en un control judicial. Sin embargo, contaron con el aval y la supervisión de funcionarios del propio instituto. La documentación y los materiales asegurados serán incorporados a las investigaciones para que, en caso de que los expedientes sean presentados ante un juez, se determine su valor dentro del proceso correspondiente.
Las personas y empresas mencionadas tienen, por ahora, la calidad de señaladas en denuncias e indagatorias; corresponde a la autoridad ministerial determinar si existen elementos para ejercer acción penal y, posteriormente, a un juez resolver cualquier imputación conforme avance cada expediente.