El Congreso de Baja California Sur solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar las quejas relacionadas con presuntas irregularidades en puntos de inspección instalados en la entidad. El planteamiento fue presentado en el pleno legislativo mediante un pronunciamiento dirigido particularmente a la representación de la Fiscalía en Baja California Sur.
La petición fue promovida por el diputado Venustiano Pérez Sánchez, quien expuso el caso de un adulto mayor dedicado al transporte de carga. De acuerdo con lo señalado por el legislador, el hombre habría sido detenido a causa de una inconsistencia administrativa relacionada con los documentos de un tractocamión.
“Fue detenido por una inconsistencia administrativa relacionada con la documentación de un tractocamión, pese a que, la mercancía transportada contaba con los permisos correspondientes”, explicó Venustiano Pérez Sánchez.
Durante su intervención, el diputado pidió que las autoridades federales revisen las circunstancias del caso y determinen si la actuación en el punto de revisión se ajustó a las disposiciones aplicables. El planteamiento también incluyó una solicitud para que los procedimientos de inspección respeten los derechos de las personas sometidas a revisión.
Solicitud de revisión a autoridades federales
El pronunciamiento plantea que la FGR atienda las quejas formuladas sobre este tipo de revisiones y examine posibles irregularidades. La petición se enfoca en que los controles efectuados en carretera se desarrollen con apego a la legalidad y que las inconsistencias documentales sean atendidas mediante procedimientos que eviten posibles actos de injusticia.
- Autoridad señalada para atender el planteamiento: la Fiscalía General de la República, por medio de su representación en Baja California Sur.
- Asunto expuesto: la detención de un adulto mayor transportista por una presunta inconsistencia administrativa en la documentación de un tractocamión.
- Solicitud legislativa: revisar el caso y garantizar que las inspecciones respeten la legalidad y los derechos de las personas.
El pronunciamiento fue presentado en el Congreso de Baja California Sur el 12 de noviembre de 2026. Con ello, el Poder Legislativo estatal pidió la intervención de autoridades federales para revisar el caso expuesto y atender las quejas relacionadas con los puntos de revisión en el estado.