La analista política Denise Dresser promueve una solicitud ciudadana para que la Cámara de Diputados inicie un juicio político contra Guadalupe Taddei, quien renunció hace una semana al Instituto Nacional Electoral. El documento será presentado este martes 3 de noviembre de 2026, de acuerdo con la convocatoria difundida por la propia analista.
La recolección de firmas concluye este lunes. La petición busca que se revise la gestión de Taddei, se determinen posibles responsabilidades y, en su caso, se impongan las sanciones previstas por la ley. Entre ellas se contempla la inhabilitación para desempeñar un cargo público por un periodo de hasta 20 años.
“La rendición de cuentas no vendrá de Morena, que preferiría cubrirla con el manto de la impunidad. Tenemos que exigirla los ciudadanos”, expresó Denise Dresser en redes sociales.
El planteamiento surgió después de que se conocieran presuntas irregularidades por 514 millones de pesos en contratos adjudicados por el INE a empresas relacionadas con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas. El caso derivó de una investigación de oficio realizada por la Auditoría Superior de la Federación, según la información difundida sobre la iniciativa.
Los argumentos de la solicitud
Dresser sostiene que la salida de Taddei del organismo electoral no elimina la posibilidad de revisar su actuación. De acuerdo con su interpretación, la Constitución permite que la ciudadanía solicite un procedimiento de juicio político contra integrantes del INE incluso después de que hayan dejado el cargo, siempre que se promueva dentro del plazo establecido.
- El escrito se entregará ante la Cámara de Diputados el 3 de noviembre.
- La promotora afirma que existe un plazo de un año después de la separación para iniciar el recurso.
- La solicitud plantea investigar la gestión, deslindar responsabilidades y definir las sanciones correspondientes.
La analista también argumentó que la renuncia no equivale por sí misma a una rendición de cuentas y pidió que la separación del cargo no sea considerada una prueba de inocencia. La Cámara de Diputados deberá recibir el documento y revisar si cumple con los requisitos legales para determinar el trámite que corresponda.
