Una propuesta de reforma busca reforzar la vigilancia de los centros de rehabilitación en Baja California Sur y evitar que las personas ingresadas permanezcan sin identificación. La iniciativa es impulsada por Rosalba Ibarra Rojas, dirigente del colectivo Búsquedas San José del Cabo, quien planteó modificar la legislación estatal relacionada con la prevención y atención de las adicciones.
El proyecto contempla cambios a la Ley de Prevención, Promoción, Detección Oportuna, Tratamiento, Control y Reinserción Social de las Personas con Adicciones para el Estado de Baja California Sur. El objetivo expuesto es fortalecer las obligaciones de los establecimientos, especialmente en lo referente al registro de quienes ingresan y a la responsabilidad jurídica de los administradores ante posibles irregularidades.
“El chiste de presentar esta reforma a una ley que ya está establecida es que se incluyan puntos más importantes para evitar, digamos, que se ingresen a los centros de rehabilitación personas que no tengan datos”.
Ibarra Rojas explicó que una de las medidas planteadas consiste en crear un registro estatal al que los centros tendrían que aportar información. De acuerdo con la propuesta, la Secretaría de Salud sería la dependencia encargada de recibir esos datos, debido a que el tratamiento de las adicciones forma parte de sus atribuciones en materia de salud.
Identificación y coordinación con autoridades
La iniciativa también prevé la intervención de las autoridades cuando un establecimiento no pueda determinar la identidad de una persona ingresada. El planteamiento considera los casos de quienes carezcan de documentos de identificación o no tengan capacidad física o mental para proporcionar sus datos.
- Crear un registro estatal con información de las personas ingresadas.
- Establecer obligaciones para que los centros reporten esos datos a la Secretaría de Salud.
- Definir responsabilidades jurídicas ante actos irregulares.
- Solicitar apoyo consular o diplomático cuando se presuma que una persona es extranjera.
La propuesta incluye recurrir a consulados y embajadas cuando exista la posibilidad de que la persona ingresada sea extranjera. Con ello, se busca incorporar a distintas instituciones en la identificación y coordinación de casos que no puedan resolverse únicamente con los registros del centro de rehabilitación.
La promotora de la reforma sostuvo que las disposiciones actuales requieren ajustes para precisar las obligaciones de estos establecimientos y mejorar su aplicación. El planteamiento se enfoca en que los centros cuenten con información verificable de las personas bajo su atención y en que las autoridades sanitarias tengan elementos para supervisar el cumplimiento de esas obligaciones.
