La diputada Cristina Contreras Rebollo, integrante de Morena, presentó una iniciativa para modificar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Baja California Sur y establecer medidas específicas de protección frente a delitos y agresiones cometidos mediante herramientas digitales.
La propuesta legislativa busca que la violencia digital sea reconocida expresamente dentro del marco estatal. El planteamiento incluye situaciones en las que personas adultas mayores reciben llamadas, mensajes u otras comunicaciones que aparentan proceder de bancos, instituciones públicas o dependencias gubernamentales, con el objetivo de obtener información personal, dinero o acceso a datos privados.
La propuesta contempla orientación y canalización
Entre las modificaciones se plantea que las víctimas puedan recibir orientación jurídica gratuita y apoyo para dirigir sus casos hacia las autoridades competentes. La iniciativa también pretende que la información sobre derechos y alternativas de atención sea accesible para este sector de la población, de acuerdo con el contenido presentado ante el Congreso.
- Incorporar el concepto de violencia digital en la legislación estatal.
- Prevenir fraudes realizados por llamadas, mensajes y otros medios electrónicos.
- Impulsar programas de educación y capacitación para el uso seguro de tecnologías.
- Facilitar asesoría legal y la canalización de casos ante las autoridades correspondientes.
El proyecto considera cambios en los artículos 3, 3 Bis, 18 y 28 de la ley vigente. También precisa que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia no asumiría funciones de investigación penal; su participación estaría relacionada con la orientación y el acompañamiento previstos en la propuesta.
Prevención ante el uso de tecnologías
De acuerdo con la iniciativa, las acciones preventivas incluirían programas de información y capacitación dirigidos a personas adultas mayores. El objetivo planteado es que puedan identificar engaños, conocer sus derechos y contar con recursos para solicitar atención cuando enfrenten una agresión o un intento de fraude en el entorno digital.
Al presentar el proyecto, Contreras Rebollo sostuvo que la protección debe vincularse con el acceso a información y herramientas que permitan a las personas adultas mayores tomar decisiones con mayor autonomía al utilizar servicios y dispositivos tecnológicos. La iniciativa quedó planteada como una reforma a la legislación estatal.
